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Leonardo Castillo
julio 14, 2016
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SANTO DOMINGO.-La Comisión Especial designada para estudiar el proyecto de ley que regula la gestión y el acceso de los particulares a los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales de la República Dominicana, presentado por los senadores Félix Nova y José Rafael Vargas, acordó solicitar al pleno, la extensión del plazo para continuar el estudio de la pieza, debido a las oposiciones presentadas por asociaciones empresariales ligadas al sector turístico.Los empresarios expresaron que el proyecto como está concebido afectaría el turismo en el país.
Indicaron que el acceso libre a las áreas de playas de los hoteles, sería altamente perjudicial para la industria del turismo, debido al alto índice de la inseguridad ciudadana.
Mientras que el senador José Rafael Vargas, defiende la iniciativa, indicando que la misma obedece a un mandato constitucional expresado en el párrafo único del artículo 15, de la Carta Magna de 2010.
El artículo 15, de la Constitución de la República del 2010 establece que las cuencas altas de los ríos y las zonas de biodiversidad endémica, nativa y migratoria, son objeto de protección especial por parte de los poderes públicos para garantizar su gestión y preservación como bienes fundamentales de la Nación.
Los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el respeto al derecho de propiedad privada. La ley regulará las condiciones, formas y servidumbres en que los particulares accederán al disfrute o gestión de dichas áreas.
Objeto del proyecto
La iniciativa tiene por objeto establecer el marco regulatorio para la gestión y el acceso de los particulares a los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales de la República Dominicana.
Además, considera el derecho constitucional a su libre acceso y la obligación de los propietarios privados de inmuebles aledaños a los referidos lugares de soportar las servidumbres que por esta ley se establecen a fin de garantizar dicho acceso.
También se establece como regla general, la obligación del Estado de beneficiar a la colectividad a través de las servidumbres, afectando en la menor proporción posible los intereses particulares.
Asimismo, en el artículo dos se establece que de la ley sería de orden público y rige para el territorio de la República Dominicana, sus islas adyacentes y territorios marítimos. La misma determina los organismos competentes para su aplicación y es de carácter vinculante para las instituciones públicas, entes y servicios del Estado y los particulares.
Entre las asociaciones empresariales ligadas al sector turístico que encuentran oposiciones al proyecto figuran la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), y la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (ACOPROVI) entre otras.
En la reunión de este miércoles participaron los senadores Carlos Castillo, quien preside la Comisión Especial; Rubén Darío Cruz, Antonio de Jesús Cruz Torres, Amarilis Santana y José Rafael Vargas, proponente.
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